Privatización en México

(Disponible en idioma inglés únicamente) Durante los últimos 20 años, México ha redefinido el papel del Estado en su economía a través de un vigoroso programa de apertura del comercio, promoción de la eficiencia y reducción del tamaño y alcance del sector propiedad del Estado. La privatización condujo en México a una mejora significativa del desempeño del empresariado y la rentabilidad aumentó 24 puntos porcentuales, acercándose así a niveles comparables a los de las empresas privadas. Como máximo, cabe atribuir un 5% de ese aumento a un aumento de los precios y 31% a traspasos de trabajadores, mientras que el 64% restante representa incrementos de productividad. Hay elementos que indican que la privatización aporta otros beneficios sociales, tales como un mayor acceso a los servicios, que normalmente se producen a continuación de una privatización, y que conduce al mejoramiento de la asistencia social a los consumidores más pobres que compensan con creces cualquier aumento de los precios. Además, un aspecto de la privatización que se suele pasar por alto es el de sus efectos fiscales, en los que el producto de la venta se ve magnificado mediante la reducción de subsidios y el aumento de impuestos, y puede ayudar a pagar deuda o servir de fondos para el gasto social. El programa de privatización de México puede proporcionar una valiosa guía de lo que conviene y no conviene hacer en una privatización: En primer lugar, el proceso de privatización debe diseñarse cuidadosamente y ejecutarse de manera transparente. Hay requisitos especiales, tales como las prohibiciones de inversión extranjera directa o de pagos exclusivamente en efectivo, que conducen a descuentos considerables de los precios de las compañías vendidas, al tiempo que la simplicidad fomenta la competencia y conduce a precios más elevados. Además, un programa transparente puede contribuir a refrenar la tendencia de los políticos de favorecer a sus amigos mediante ajustes de las reglas del juego. En segundo lugar, la reestructuración de las empresas que se hallan en la antesala de su privatización resulta contraproducente para aumentar los precios netos de venta y por lo tanto se debe evitar. Los gobiernos invierten recursos considerables en inversiones políticamente motivadas o en programas de eficiencia que no son valorados por los postores y que rara vez se pueden justificar desde el punto de vista social desde el cual se promueven. Además, los programas de reestructuración alargan considerablemente el proceso de privatización y hacen bajar los precios de venta de las empresas; en el caso de México, cada mes de demora ocasiona una disminución de 2,2% del precio de venta. Por último, en este trabajo se sostiene que es fundamental desregular y volver a regular cuidadosamente a las empresas privatizadas, a fin de asegurar que se comporten adecuadamente, así como para proporcionar un marco de conducción empresarial que permita que las compañías financien sus operaciones sin depender de la ayuda del gobierno.