Política pública de gratuidad en educación superior en Chile: ¿resuelve todo el problema?

En Chile está en aplicación de hecho, vía glosa presupuestaria, desde 2016 una política pública de gratuidad en la educación superior, cuyo objetivo es convertir el acceso a estudios de educación superior (universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica), en un derecho social garantizado por el Estado, independientemente de la capacidad de pago del estudiante. Derecho que se garantiza a los jóvenes de más bajos ingresos, aceptados por las instituciones de educación superior adscritas (que cumplan algunos requisitos como estar acreditadas y no tener fines de lucro), según la disponibilidad de recursos estatales. La política garantiza este derecho subsidiando el total del arancel de dichas instituciones. No se financian los otros costos en que incurren los beneficiarios, tales como el costo alternativo del tiempo y gastos directos como movilización, implementos de estudio y otros. Sin embargo, si estos costos no cubiertos son lo suficientemente altos en consideración con su nivel de ingreso, pueden imposibilitarlos de estudiar a pesar de la gratuidad de los aranceles, en cuyo caso el diseño de la política no es plenamente consistente con el logro de sus objetivos. Midiendo los costos directos e indirectos de realizar estudios superiores se puede determinar la eficacia de la política de gratuidad en la educación superior. El estudio busca explorar esta situación para concluir sobre la capacidad de la política de lograr su objetivo, especialmente en el caso de los estudiantes de menores ingresos. Para ello se estiman estos costos y se comparan con los costos subsidiados y con los ingresos. Los costos directos no subsidiados por la política se estiman directamente (y son de valores relativamente bajos), en tanto los indirectos (costos de oportunidad), fueron estimados, tomando datos de la encuesta CASEN 2015, mediante una ecuación de salarios de la forma: W = ^6;0 + ^6;1 X + µ, donde W es el ingreso mensual del trabajador, y X es una matriz de características del trabajador y de su entorno laboral y familiar. Con los resultados de esa regresión, se simuló el ingreso que recibirían los estudiantes si en lugar de estudiar estuvieran trabajando; esta simulación se hizo para los estudiantes de la muestra que cumplen las condiciones de elegibilidad para el subsidio de gratuidad, desagregando según el tipo de educación superior (técnica o profesional), el nivel de ésta que estén cursando y el ingreso familiar. De la comparación entre los costos subsidiados, los no subsidiados y los ingresos efectivos, se extraen conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la política en distintos tipos de estudiantes. Dado que los primeros resultados aún son no conclusivos, hacen pensar que los costos no subsidiados por la política pueden efectivamente inhibir a los estudiantes de menores ingresos a estudiar. En cuyo caso la política pública de gratuidad de la educación superior estaría incumpliendo su objetivo, precisamente respecto de aquellos que constituyen la parte más necesitada de su población objetivo. El estudio continuará afinando sus estimaciones para llegar a conclusiones finales. Resultados que debieran orientar la política de gratuidad para hacerla efectiva, incluyendo la proposición de cambios en la política.