El tamaño importa: la estructura vertical de gobierno y la gestión del gasto público local

Una gran cantidad de países alrededor del mundo presentan estructuras verticales de gobierno percibidas como ineficientes debido a un alto nivel de fragmentación jurisdiccional. La respuesta común a este diagnostico ha sido la implementación de programas de consolidación jurisdiccional tanto forzados como voluntarios. El objetivo fundamental declarado de tales programas es el alcanzar, mediante un tamaño mayor, economías de escala y por tanto reducir los costes de producción de los servicios públicos a nivel local o regional. En este trabajo se analizan tanto los principios teóricos que guían el análisis económico tradicional de las estructuras verticales de gobierno, como experiencias relevantes de consolidación jurisdiccional a nivel internacional. Con base en este análisis argumentamos que la evidencia empírica en apoyo de la existencia de economías de escala en la provisión de servicios públicos locales no es concluyente. Cuando existen, dichas economías de escala se concentran en servicios que requieren altas dosis de inversión en capital fijo y son altamente dependientes en la tecnología de producción disponible e incluso en la localización geográfica de las jurisdicciones. No es de extrañar por tanto que los programas de consolidación jurisdiccional no hayan ofrecido en general las ganancias de eficiencia económica prometidas. El tamaño óptimo jurisdiccional parece depender no solo del potencial de economías de escala, sino también de las preferencias de los ciudadanos hacia la representación institucional y de las condiciones geográficas, socio-culturales e históricas de cada país. Concluimos por tanto, que la reforma de la estructura vertical de gobierno y el nivel de fragmentación jurisdiccional no deben aproximarse desde posiciones dogmáticas fundamentadas en escasa evidencia empírica. La consolidación puede en ocasiones ser la alternativa más eficiente, pero es necesario ofrecer otras opciones institucionales que permitan soluciones intermedias (o en su caso más eficientes) para la provisión de servicios.