Frente al coronavirus, la solución esta en el Congreso, no en las aulas

Han pasado más de seis meses desde el inicio de la cuarentena. Lo que en su comienzo fue una curiosa y extraña experiencia, se transformó en una costosa cotidianeidad. Es claro que frente a la tragedia humanitaria que estamos viviendo, la cuarentena, en sus inicios, fue una medida racional que generó notables beneficios, al facilitar el aislamiento social y ganar tiempo para que el gobierno se prepararse para enfrentar el pico de contagios, con el fin de evitar las dantescas imágenes llegadas desde Italia y España. Por supuesto, la cuarentena también generó costos, los cuales han crecido exponencialmente conforme la misma se fue alargando. En educación los costos son inmensos, vivimos una tragedia educativa cuya magnitud se pierde en la cuenta cotidiana de nuevos contagios y muertes por el coronavirus. ¿Cómo no admitir, por ejemplo, que la vida de aquellos chicos de las familias más desfavorecidas económicamente está siendo irremediablemente afectada por no estar recibiendo educación de calidad, por causa de la pandemia? Es por ello que, respetando los razonables temores que muchos miembros de la comunidad educativa tienen al contagio, también se debe tomar en cuenta el interés de aquellos niños que están siendo condenados al peor de los futuros, pues quienes no están recibiendo hoy educación de calidad serán los desempleados de mañana. ¿Cómo evitar qué nuestros niños y jóvenes se transformen en víctimas silenciosas del COVID-19, respetando la voluntad de numerosos padres que desean que sus hijos retornen a las aulas y otros tantos que desean no lo hagan, que sus hijos continúen educándose en forma virtual? Este paper propone y fundamenta una legislación que podría resultar ser insospechadamente beneficiosa para miles de niños y jóvenes que hoy no están recibiendo la educación de excelencia que es responsabilidad del Estado proveerles y que significaría su acceso a más y mejores oportunidades.