El Cumplimiento De La Normativa De Protección De Datos Personales Y Su Impacto En La Universidad

La legislación ha definido a las Universidades Públicas como Administraciones, de modo que tienen todas las prerrogativas y potestades de éstas. Los Estatutos de las Universidades Públicas reconocen esta naturaleza jurídico-pública. Por otro lado, a las Universidades Privadas les serán de aplicación las normas correspondientes a la clase de personalidad jurídica que estas hubieran adoptado. Las universidades son entidades que tienen como rasgo constitucional su autonomía. Y sean públicas o privadas, están sujetas a las obligaciones que la legislación estatal y comunitaria recoge en materia de protección de datos personales. El progresivo reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos ha discurrido de forma similar a la implantación masiva de las tecnologías de la información y la comunicación en cualquier empresa, o institución y, en consecuencia, también en las universidades. Éstas tratan datos personales para cumplir con su actividad de gestión, docente y de investigación. Las relaciones de la universidad con la administración pública, con su personal y con sus alumnos, se canalizan en su mayor parte a través de Internet y de campus virtuales. El almacenamiento y el tratamiento de datos personales deben tener en cuenta la regulación vigente y todo lo que su implantación conlleva. Para las instituciones académicas (sean públicas o privadas) esto ha supuesto adaptarse, cambiar su manera de trabajar y de comunicarse, y desarrollar protocolos que hagan compatible su actividad y la prestación de sus servicios con el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos y, en consecuencia, con el amparo del derecho a la privacidad de los afectados por dichos tratamientos. El cumplimiento normativo en esta materia complica la burocracia en la que las universidades viven inmersas. Y además, la complejidad de su implantación y mantenimiento no es gratuita puesto que comporta múltiples obligaciones, entre otras, una puesta al día en la materia; es posible que sean necesarios los servicios de una consultora externa que asesore en todo el proceso; aumentan las competencias y responsabilidades de aquellas personas de la organización que deberán encargarse de este asunto; implica el diseño de protocolos específicos de almacenamiento, tratamiento y destrucción de datos; en función del nivel de las medidas de seguridad, precisará de auditorías; y requerirá de algunas acciones de formación e información de los agentes implicados en el tratamiento. Todo ello se traduce en un coste económico extra en personal, tiempo y medios que requiere un estudio detenido.