¿Cuántos trabajadores emplea el Estado de Chile? Problematización y orden de magnitud de la contratación a honorarios

En el presente artículo se presentan los resultados de un análisis que, en base a distintas fuentes de información administrativa, permite entregar un orden de magnitud a la cantidad de trabajadores que emplea el Estado de Chile. El principal resultado ha sido constatar que, independiente de la fuente de información utilizada, se identifica un cambio en la fisonomía del Estado: las formas de contratación temporales y desprovistas de derechos laborales han aumentado en los últimos 10 años de manera importante. El segundo hallazgo relevante es la incertidumbre que existe respecto al verdadero tamaño del Estado producto de las diferencias que tienen las diversas fuentes oficiales de información sobre la contratación de “trabajadores a honorarios”. El año 2014, de acuerdo la Dirección de Presupuestos y el Sistema Nacional de Información Municipal, se emplearon 358 mil trabajadores en el Gobierno Central y municipios, de los cuales 93 mil eran trabajadores a honorarios (1 de cada 4). Sin embargo, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, para el mismo año calendario, 295 mil trabajadores emitieron boletas de honorarios al Estado. Estos resultados nos revelan la necesidad de estudios adicionales que permitan entender hasta qué punto están extendidas las formas precarias de contratación en el Estado y qué implicancias tiene ello sobre la calidad y sentido de la función pública. This article presents the results of an analysis that, based on different sources of administrative information, allows to deliver an order of magnitude to the number of workers employed by the State of Chile. The main result has been to verify that, regardless of the source of information used, a change in the physiognomy of the State is identified: temporary and precarious employment have increased significantly in the last 10 years. The second relevant finding is the uncertainty concerning the true size of the State, particularly because of the differences identified among official sources of information regarding the number of atypical workers. In 2014, according to the Bureau of Budgets and the National System of Municipal Information, 358 thousand workers were employed in the Central Government and municipalities, of which 93 thousand were atypical workers (1 in 4). However, according to the Internal Revenue Service, for the same calendar year, 295 thousand atypical workers were hired by the State. These results reveal the need for additional studies to understand the extent to which precarious forms of recruitment in the State are widespread and what implications this has for the quality and sense of the public function.