La transformación de los sistemas alimentarios de América Latina y el Caribe en el contexto de la agenda 2030 y de la crisis del COVID 19 reflexiones institucionales y de políticas públicas

El sector agropecuario y en un sentido más amplio, los sistemas alimentarios, están en un proceso de ajuste y transformación impulsado por factores estructurales que se tratan de analizar en este trabajo. Al mismo tiempo, la crisis sanitaria desatada por el COVID 19 y sus consecuencias económicas y sociales, aunque no alteran los desafíos estructurales y de largo plazo, plantean la necesidad de atender las demandas urgentes para asegurar el suministro de alimentos saludables y en forma sostenible para la población. Esto, a su vez, es la condición esencial para poder sostener las medidas sanitarias puestas en ejecución por los gobiernos para superar la pandemia. Además de esta introducción, el presente trabajo está estructurado de la siguiente manera. El capítulo siguiente analiza el proceso de transformación que estaba ya en marcha antes de la aparición de la crisis sanitaria, y al final de esa sección se mencionan brevemente algunos de los impactos del COVID 19 sobre la agricultura y la alimentación. Más adelante en el capítulo tres, se discuten los principales desafíos estructurales de largo plazo que enfrentan la agricultura y la alimentación; en tanto en los capítulos cuatro y cinco se analizan respectivamente las necesidades de ajuste y transformación institucional y los requerimientos de mejoras en políticas públicas sectoriales2 necesarias para enfrentar con éxito los nuevos escenarios. Se incluye finalmente una sección que debate acerca de las necesidades y opciones de financiamiento al sector agroalimentario, asumiendo que para emprender un proceso de recuperación y transformación se requerirán recursos en una escala significativamente mayor a los que se han venido destinando en los últimos años, con la dificultad adicional de que los países de América Latina y el Caribe (ALC) enfrentarán severas restricciones fiscales. Todo esto plantea la necesidad de una gran rigurosidad en la asignación de los recursos, así como la generación de condiciones para la inversión privada e igualmente de la participación activa de la banca multilateral y de las agencias de desarrollo.