Una propuesta de compensación por el impacto de la instalación de renovables en zonas rurales

Una característica bien conocida de la transición energética es que, como todo proceso de transformación tecnológica, no tiene efectos simétricos sobre los individuos y los territorios. En ese contexto, surge la razonable preocupación por lograr una transición justa. Este término se ha aplicado tradicionalmente a dos dimensiones. Por un lado, en relación con la situación de los consumidores vulnerables, definidos estos en relación con problemas de asequibilidad del suministro energético. Por otro lado, desde el punto de vista geográfico, se ha manifestado en el interés por facilitar la reconversión de actividades en zonas especialmente afectadas por el cierre de grandes plantas de generación que hacen uso del carbón. En España, esas ayudas se canalizan a través del Instituto de Transición Justa (ITJ), vinculado a la reconversión de las comarcas mineras. En el caso de las centrales nucleares, la declaración ambiental estratégica del vigente Plan General de Residuos Radiactivos también alude a los convenios de transición justa de los desmantelamientos de instalaciones nucleares.