Estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia

Resumen El territorio colombiano tuvo una profunda transformación en el siglo XX: predominantemente rural, con baja densidad, pequeñas ciudades difícilmente comunicadas entre sí y poco jerarquizadas en la década de 1930; en plena transición demográfica, con un proceso masivo de urbanización en el que las regiones del país crecieron alrededor de los departamentos de Atlántico, Bogotá, Valle y Antioquia, y sus capitales fueron los centros naturales en torno a los cuales se desarrollaron las principales actividades económicas, sociales y político administrativas del país en los años sesenta, con una primacía creciente de Bogotá, sobre todo en el plano económico, durante el decenio de 1990. Colombia pasó de ser un país rural a uno predominantemente urbano. En el censo de 1938, la población urbana era menos de la mitad de la población del país y, en 1993, casi el 30% vivía en la zona rural. Fue en la década de 1960 cuando el país realizó su transición de mayoría rural a mayoría urbana. La actual metropolización de Colombia no obedece a la misma lógica de los años sesenta, cuando prevalecían el crecimiento demográfico acelerado, la industrialización, las migraciones rural-urbanas, que privilegiaron a cuatro ciudades. Actualmente, inciden en la primacía de Bogotá el cambio en el mejoramiento del transporte y de las comunicaciones, así como el desarrollo de grandes empresas de servicios, del sector financiero, del comercio y de los supermercados (terciario superior);, y el fortalecimiento del sector público. Las teorías económicas plantean que la descentralización podría servir como medio para alcanzar la desconcentración y la redistribución de la población. En el caso colombiano, es necesario tener en cuenta que —si bien hay administración descentralizada y las grandes ciudades se dividen en unidades administrativas menores (alcaldías, localidades, comunas);— los departamentos son unidades administrativas para un número limitado de programas y no cuentan con poder legislativo ni con facultades de aplicación de impuestos. Tampoco hay desarrollo industrial en zonas distintas a los principales centros comerciales, industriales y administrativos y, finalmente, las dependencias principales del gobierno central están en la ciudad capital. El crecimiento del nivel de urbanización del país ha tenido un efecto directo en la migración interna, la que a su vez ha sido gatillada por la mecanización de la agricultura, la concentración de la propiedad rural y el escaso dinamismo del sector agrícola tradicional. Es decir, las ventajas comparativas sociales y económicas entre el campo y la ciudad, así como entre las áreas menores y las grandes capitales, incidieron en los comportamientos migratorios, sus variaciones espacio-temporales y sus características específicas. En Colombia, la migración se caracteriza por ser joven, femenina, de corta distancia y porque las cuatro cuencas migratorias existentes tienen como destino final las cuatro grandes capitales. La migración del campesinado no ha estado acompañada por un proceso de industrialización que absorba mano de obra. Sobre un modelo de poder y de propiedad semifeudal se impuso un modelo desregulado y abierto, que no sólo enfrentó a las economías campesinas e indígenas con la gran agricultura y ganadería nacionales, sino que también con la mundial, con el capital financiero y los megaproyectos e inversiones transnacionales. Esto empobreció a amplias capas medias y populares, y especialmente a los campesinos. En el plano rural, la tendencia de los últimos años apunta a la concentración de la propiedad, a la fragmentación de los predios pequeños, a la disminución en la oferta de alimentos y materias primas y al aumento de las importaciones. Los campesinos deben competir con productos altamente subsidiados y, de acuerdo con los resultados de las últimas encuestas agrarias, mientras la agricultura pierde espacio, la ganadería sigue ganando peso. En Colombia, hay nueve millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero se utilizan sólo cinco millones. Por el contrario, hay 19 millones aptas para la ganadería y se utilizan 40 millones; sólo cinco millones de ellas tienen pastos mejorados y el resto se trabaja en régimen extensivo. Es inevitable conectar el tema del desplazamiento forzado con el del conflicto agrario; la tierra y el territorio colombiano tienen una valoración que va más allá de la tradicional explotación agropecuaria y se constituyen en objetivo prioritario de las fuerzas violentas. Actualmente, la violencia y el desplazamiento forzado son expresiones del problema por la propiedad y control, que se manifiestan en el antagonismo entre latifundio ganadero o empresa agroindustrial y el minifundio campesino, y en el conflicto por el dominio y control del territorio como espacio estratégico de orden político económico.