Transferencias intergeneracionales en América Latina: su importancia en el diseño de los sistemas de protección social

Las cuentas nacionales de transferencia permiten examinar las posibles implicaciones de los cambios demográficos futuros sobre las finanzas públicas y la solvencia de los sistemas de protección social. Las opciones de política que se diseñen para hacer frente a estos cambios deben asegurar la solvencia de las políticas macroeconómicas, pero con igual intensidad deben garantizar el financiamiento estable de la protección social. Los países han avanzado en la fijación de reglas fiscales frente al ciclo económico, como resultado de su esfuerzo por institucionalizar políticas contracíclicas. El diseño de los sistemas de protección social, destinados a ampliar la inclusión social mediante mejores condiciones de empleo o de transferencias públicas, o ambas opciones, debe asegurar la sostenibilidad de su financiamiento frente al ciclo demográfico.Los estudios de casos de cinco países latinoamericanos que se comparan en este documento —el Brasil, Chile, Costa Rica, México y el Uruguay— muestran que desde mediados de la década de 1960 las presiones demográficas han estado conformando una ventana de oportunidades, caracterizada por un incremento relativo de las personas generadoras de ingreso respecto de aquellas consumidoras. El futuro de estos países, sin embargo, permite vislumbrar una fase de envejecimiento de su población, en la que no solo se revertirá esta tendencia, sino que habrá una proporción cada vez más grande de personas mayores entre los consumidores. La política pública necesita que los sistemas de protección social se anticipen a estos cambios demográficos, y que sus mecanismos de financiamiento se diseñen de modo tal que las presiones que generen sobre el gasto —tanto público como privado— sean sostenibles financieramente sin mermar la cobertura y calidad de las prestaciones. Ante la posibilidad de realizar reformas, México tiene un horizonte más extenso de oportunidades demográficas que Costa Rica, el Brasil, Chile y el Uruguay, pero afronta un mayor desafío en relación a los actuales niveles de cobertura y calidad de las prestaciones.