La demanda social de la responsabilidad publica. Marco de referencia sobre RSC y Buen Gobierno

En la actualidad, el concepto de responsabilidad social ha trasladado a la empresa la necesidad de implicarse en la lucha contra las desigualdades y la protección del medio ambiente, de forma que ya no es una función exclusiva del denominado Estado Social. En España, y para el sector público, la idea de promover la RSC desde las Administraciones públicas llegó al Congreso hace dos años con la creación de una subcomisión parlamentaria que debía estudiar el papel de la Administración pública ante la responsabilidad social de las empresas. Si bien las corporaciones locales, en colaboración con asociaciones o fundaciones, han llevado a cabo acciones para promover la responsabilidad social de las empresas, parece que es más importante y necesario que desde las propias Administraciones públicas y para las propias entidades públicas, se desarrollen guías, programas, normas o reglamentos que se ocupen de su responsabilidad corporativa para con la sociedad y el buen gobierno. No basta con que una organización pública se responsabilice de sus actos, pues para ello ya existen las leyes y distintos tipos de normas; lo que se debe sustentar es una conciencia social de que esa responsabilidad corporativa existe, de modo que se haga efectiva incluso cuando las leyes no lleguen a imponerla. Un ejemplo es el Código de Buen Gobierno Local de la FEMP de 15 de diciembre de 2009. Pero además, para que la Administración pública, ya sea general o local, trabaje hacia la excelencia, optimizando sus resultados y siguiendo criterios de responsabilidad, debe someterse a la evaluación de sus políticas. En suma, no basta con actuar de acuerdo con criterios de responsabilidad social corporativa y buen gobierno, es necesario además un seguimiento y control de las políticas que se están llevando a cabo, para comprobar el logro de los objetivos y mejorar la calidad de los servicios. En este sentido se analiza el modelo de evaluación UNE 66182.