El aporte de las concesiones mediante APP en infraestructura de transporte al crecimiento y el bienestar de Colombia

A pesar del rezago histórico en el desarrollo de carreteras en Colombia, el país ha experimentado un notable aumento en la inversión en infraestructura en las últimas décadas. Mientras que en el siglo XX la inversión promedio representaba alrededor del 1,0% del PIB, en este siglo ha aumentado a un promedio cercano al 1,5%. Este incremento ha sido impulsado por las APP, las cuales han permitido la construcción de aproximadamente 10.000 km de carreteras principales que no hubieran sido viables mediante contratos de obra pública debido a las condiciones fiscales del país. Las concesiones mediante APP han contribuido al crecimiento económico de Colombia a través de los encadenamientos hacia atrás de las obras civiles y la reducción de los costos de transporte, lo que aumenta la competitividad del país y el bienestar social. Basado en un estudio elaborado por Mejía y Delgado (2020) se encontró que por cada incremento del 0,7% del PIB en la inversión en infraestructura, en promedio anual durante los próximos 10 años, la tasa de crecimiento económico aumentaría en 1 punto porcentual y se traduciría en una reducción promedio de 0,8 pps en la tasa de desempleo y de 0,6 pps en la tasa de pobreza. Además, al cuantificar el impacto macroeconómico de la inversión en los sectores asociados a la infraestructura, se estima que, por cada peso invertido en obras civiles se traduce en 2,25 pesos en la producción nacional, 2,46 pesos en salarios y 4,90 pesos en impuestos. Por otro lado, los avances de Colombia en las APP son notorios y reconocidos a nivel internacional, tanto en el ámbito institucional como en la capacidad de estructuración y asignación de riesgos, así como en la financiación. Sin embargo, en los últimos meses, ha surgido una gran incertidumbre en relación con las señales y anuncios del gobierno que podrían afectar la estabilidad a mediano y largo plazo de este modelo. Un ejemplo de ello es la congelación de las tarifas de los peajes mediante el Decreto 050 de enero de 2023. Se estima que esta medida podría generar una contingencia fiscal de alrededor de $13,8 billones en los próximos años, que es el monto estimado del déficit a largo plazo a favor de los concesionarios, lo cual también impactaría las finanzas del Estado. En este contexto, Fedesarrollo hace un llamado a mantener la claridad en las reglas de juego para garantizar la sostenibilidad del modelo de APP, especialmente en un contexto de desaceleración económica como el actual.