¿Cómo nos reconciliamos? El papel de la violencia, la participación social y política, y el Estado en las actitudes frente a la reconciliación

La firma del acuerdo de paz colombiano resultó en la desmovilización y reincorporación a la vida civil de más de 12.000 excombatientes de las FARC. El conflicto, que estuvo activo casi 60 anos, causó más de ocho millones de víctimas y una sociedad dividida. No abordar estos legados sociales y psicológicos puede derivar en el resurgimiento de nuevos ciclos de violencia. Entender la disposición de la población civil a compartir la vida cotidiana con los excombatientes y su actitud hacia la reconciliación es crucial para disenar políticas públicas que promuevan un posconflicto sostenible. Este artículo analiza las actitudes de la población colombiana hacia las interacciones cotidianas con los excombatientes de las FARC y sus percepciones sobre la importancia y viabilidad del proceso de reconciliación. Para esto, usamos una encuesta a una muestra de 4.497 hogares, representativa de los municipios más afectados por el conflicto. Nuestro análisis explora cómo estas actitudes y percepciones se relacionan con tres dimensiones: (i) las experiencias de violencia vividas durante el conflicto; (ii) la confianza hacia el sistema judicial, la policía y el ejército; y (iii) las conexiones con redes políticas y comunitarias. Los resultados indican que los legados de violencia están asociados con actitudes pesimistas hacia la reconciliación. Sin embargo, las personas que viven en territorios altamente afectados por la violencia parecen estar dispuestas a compartir las actividades cotidianas con los excombatientes. Mayores niveles de confianza en instituciones como el sistema judicial, la policía y el ejército, así como la participación en organizaciones comunitarias y las conexiones con redes políticas, están correlacionadas con actitudes más favorables hacia la reconciliación. Estos resultados indican que las intervenciones para promover la reconciliación durante el posconflicto deben tener en cuenta la heterogeneidad en las experiencias de violencia, las necesidades y las posiciones políticas en estos municipios.