Un análisis de los mecanismos de protección de los operadores económicos establecidos por la Ley de garantía de la unidad de mercado

En este documento se analiza el funcionamiento de los mecanismos de protección establecidos por la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado en España, que permite a los operadores económicos reclamar sobre las regulaciones que puedan suponer barreras injustificadas a la competencia e inversión empresarial. El estudio, realizado a partir de un análisis cuantitativo de más de 1.000 reclamaciones interpuestas entre 2014 y 2024, muestra que las reclamaciones se concentran principalmente en determinadas actividades, con un crecimiento reciente de aquellas relacionadas con las energías renovables y las telecomunicaciones. Por Administración afectada, la local es la que ha acumulado un mayor número de reclamaciones, y su contribución ha ganado peso con los años. Según el tipo de mercado, no se encuentran características sectoriales fuertemente relacionadas con una reclamación más allá de la presencia de representantes legales especializados. A escala empresarial, las reclamaciones son interpuestas tanto por particulares como por grandes corporaciones relativamente bien posicionadas en términos de productividad dentro de su sector y comunidad autónoma. El porcentaje de las reclamaciones que consiguen una modificación de una regulación existente es limitado, especialmente frente a las Administraciones locales. En cuanto a las consecuencias para la productividad sectorial, se ha detectado un impacto positivo en sectores pequeños, pero sin efectos agregados apreciables.