Gobierno y administración en la Constitución

En estas mismas páginas se ha publicado recientemente un artículo de Marcial Rubio en torno a la actuación administrativa del Poder Ejecutivo y la estructura del orden jurídico. Sin pretender abundar en el diagnóstico normativo en él contenido --que es, hasta el momento, el trabajo más completo realizado sobre dicha temática-- resulta pertinente proponer algunos lineamientos teóricos y doctrinarios de base que, sin lugar a dudas, podrían estar presentes en cualquier discusión jurídica que se suscite a propósito de dicho tema y, particularmente, a nivel constitucional. El diagnóstico de Rubio tiene su punto de partida en la constatación de la intensa irracionalidad que caracteriza tanto a la normatividad dispersa y escasa que para el tema resulta pertinente, como a la todavía más irracional y frondosa práctica administrativa peruana de los últimos años, que, sujetándose o no a las normas formalmente vigentes, ha complicado definitivamente el panorama jurídicamente apreciado. El crecimiento vertiginoso del aparato administrativo del Estado, que conlleva como consecuencia casi natural el incremento de su actuación administrativa, no se ha verificado en el contexto de una tarea de sistematización de elementos teóricos-conceptuales que hoy en día es no sólo conveniente, sino necesario, emprender. El presente trabajo tiene por objeto proponer algunos de los lineamientos teóricos que pueden resultar útiles para el planteamiento de cualquier propuesta normativa, sea a nivel constitucional o a nivel legislativo. No se pretende, y esto debe quedar oportunamente aclarado, un agotamiento de la riqueza teórica del problema de la actuación administrativa del Poder Ejecutivo. La necesaria "instrumentalidad" que con la discusión constitucional ad portas asume el problema, así como evidentes limitaciones de espacio, impiden dicho intento.