Corte Constitucional y cambios en la Política Pública de Atención a la Población Desplazada por la violencia

Una de las fortalezas de nuestra Corte Constitucional es la capacidad de generar cambios institucionales. Esta afirmación obedece al estudio de una serie de consecuencias derivadas de la sentencia T-025 de 2004, luego de la cual sobrevinieron algunas actuaciones del Estado y de la sociedad que enfocaron la Política Pública de Atención a la Población Desplazada hacia un nuevo escenario: la existencia de una situación de crisis y la necesidad inminente de superarlo. Las Cortes, que en estricto sentido no cumplen funciones de diseno y evaluación de política pública, de frente a una situación de grave violación de Derechos Humanos, a un preocupante estancamiento de la política pública, a la ineficiencia del Ejecutivo y a la poca atención del Legislativo, pueden entrar a asumir nuevos roles que ponen en evidencia la desatención estatal y la necesidad de tomar acciones inmediatas.