Una valoración de las políticas de innovación europeas

Uno de los determinantes del crecimiento de la actividad y del aumento del bienestar de una economía a largo plazo es la incorporación de innovaciones, definidas como la creación de nuevos productos, la introducción de mejoras en los procesos de obtención de los ya existentes y la difusión de todas estas novedades al conjunto de sectores de la economía. En la actualidad, en el contexto europeo, la relevancia de la actividad innovadora se ha acrecentado aún más como consecuencia de la rápida incorporación al concierto económico mundial de nuevas áreas geográficas, cuya ventaja comparativa reside en sus menores costes laborales. El potencial de Europa para mantenerse competitiva en este nuevo entorno global descansa, por lo tanto, en su capacidad para innovar. Sin embargo, algunos indicadores muestran que su posición actual es relativamente desfavorable. Así, en el conjunto de la UE 15, el gasto en I+D como porcentaje de PIB representa algo menos del 2%, mientras que en Estados Unidos y Japón supone, respectivamente, un 2,6% y un 3,1%. Esta brecha frente a otras áreas suscita la posibilidad de incrementar la intervención pública para impulsar las actividades innovadoras en Europa. La conveniencia de la acción pública puede justificarse por la evidencia de que el mercado tiende a realizar una provisión subóptima de gasto en este capítulo, que se deriva, en primer lugar, de las características de bien público de la innovación por las que la rentabilidad social de esta excede los beneficios apropiables por los que la desarrollan. En segundo lugar, la existencia de asimetrías de información en los mercados de crédito dificulta la financiación de proyectos rentables privada o socialmente. Las políticas públicas pretenden, por lo tanto, combatir las diferentes formas de fallo de mercado que originan que el gasto en innovación sea demasiado reducido. La evaluación del impacto de estas medidas es complicada, ya que es difícil aislar los efectos de cada una de ellas considerada individualmente, dado que suelen introducirse varias políticas de forma simultánea y que existen externalidades entre ellas, que pueden ser tanto positivas como negativas. Además, existen políticas que, aunque están concebidas con finalidades más amplias, ejercen un efecto indirecto sobre la innovación. En reconocimiento de la importancia de la generación y difusión de innovaciones para el bienestar, así como de la relevancia de la intervención pública en este ámbito, los países europeos acordaron en el año 2000 incluir el fomento de la innovación como uno de los elementos más destacados de la estrategia de Lisboa. En la cumbre de Barcelona de marzo de 2002 se adoptó, además, el objetivo cuantitativo de aumentar el esfuerzo inversor medio de la UE en I+D hasta el 3% del PIB en 2010 (dos tercios del cual deberá ser gasto privado). Uno de los elementos más importantes de la revisión de la estrategia de Lisboa, llevada a cabo en marzo de 2005, es el requerimiento de que cada Estado miembro presente un Programa Nacional de Reformas (PNR), documento en el que las autoridades del país hacen explícitas las medidas concretas que pretenden adoptar para alcanzar el objetivo final de conseguir tasas de crecimiento más elevadas. El objetivo de este artículo es realizar una valoración de las medidas propuestas para impulsar la innovación por parte de los países de la UE 15 en sus PNR. En el siguiente epígrafe se discuten las limitaciones de los indicadores disponibles para la medición del esfuerzo innovador. El apartado 3 describe qué papel pueden desempeñar las políticas económicas en el fomento de las actividades de I+D, distinguiendo entre las diseñadas específicamente para esta finalidad y el impacto de las políticas de carácter general. La sección 4 realiza un diagnóstico aproximado de las principales carencias en cada país. A continuación, y a la luz del análisis anterior, en la sección 5 se realiza una valoración de las medidas propuestas en los PNR en este ámbito. Finalmente, la sección 6 concluye.