La evolución del endeudamiento de las Comunidades Autónomas: 1995-2003

La actuación de las Administraciones Públicas en las últimas décadas se enmarca en un proceso de descentralización fiscal, a través del cual se ha producido un traspaso gradual (y no uniforme temporalmente) de las competencias de gestión de determinadas partidas del gasto público desde el Estado a las Comunidades Autónomas y se ha ido desarrollando el sistema de financiación de estas competencias. Como resultado de dicho proceso, el gasto público que gestionaban las Comunidades Autónomas al finalizar 2003 ascendía al 31,1% del total del gasto de las Administraciones Públicas, y el importe de impuestos cedidos y concertados representaba el 20,7% de los ingresos totales de las Comunidades. A lo largo de este período, las Comunidades Autónomas han complementado la financiación requerida para desarrollar su actividad con las transferencias del Estado y mediante el recurso al endeudamiento, sujeto a las limitaciones cuantitativas y cualitativas definidas en distintas normas; de manera que, al finalizar 2003, la deuda de las Comunidades Autónomas representaba un 11,5% del total de la deuda de las Administraciones Públicas. Este progresivo aumento de la importancia de las Comunidades Autónomas en la gestión del gasto público y la necesidad de cumplir con los requerimientos de consolidación fiscal que implica el Tratado de la Unión Europea y nuestra pertenencia a la UEM han hecho necesario avanzar en la coordinación en materia presupuestaria y en las políticas de endeudamiento entre las distintas Comunidades y el Estado. Así, a las obligaciones regulares de intercambio de información que se producía en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entró en vigor en 2003, establece para todas las Comunidades Autónomas el objetivo de estabilidad presupuestaria (definido como equilibrio o superávit según las normas del SEC 95), y vincula al cumplimiento de dicho objetivo la autorización del Estado para realizar operaciones de crédito y emisiones de valores por parte de las Comunidades Autónomas. Por su parte, la Ley General Presupuestaria contempla la obligación de las Comunidades Autónomas de suministrar la información necesaria para la medición del grado de realización del objetivo de estabilidad presupuestaria. En este contexto, la reciente difusión del déficit de las distintas Comunidades Autónomas referido al ejercicio 2003 ha supuesto un avance importante, aunque todavía escaso, respecto a la puntualidad en la publicación de sus cuentas. En efecto, a pesar de la creciente importancia de las Comunidades Autónomas en el conjunto de las Administraciones Públicas, la publicación de datos consolidados sobre sus presupuestos y la ejecución de los mismos es menos puntual y tiene una periodicidad mucho menor que la del Estado, lo que dificulta, en numerosas ocasiones, la realización de una valoración completa y con un desfase razonable de la situación de las finanzas públicas. Estas deficiencias en la información estadística relativa a la situación presupuestaria de las Comunidades Autónomas pueden paliarse, aunque solo parcialmente, a partir de la información que proporcionan las cuentas financieras trimestrales y las estadísticas trimestrales de la deuda pública de las Comunidades Autónomas. El Banco de España difunde esta información a través de su sitio web (www.bde.es), en las publicaciones Boletín Estadístico y Cuentas Financieras de la Economía Española. Sobre la base de la citada información, en este trabajo se presenta la evolución de la deuda pública de las Comunidades Autónomas en el período 1995-2003, en el contexto de la deuda total del sector Administraciones Públicas, definidas ambas según la metodología del protocolo de déficit excesivo (PDE), y se complementa con el análisis de la evolución de la deuda de las empresas públicas propiedad de las Comunidades Autónomas que se clasifican en el sector Sociedades no financieras según las normas del SEC 95.