El nuevo marco de actuación de las Comunidades Autónomas en España

La descentralización fiscal es uno de los rasgos distintivos de la actuación del sector público en España en las últimas décadas. El proceso descentralizador se inició con la aprobación de la Constitución Española de 1978, que permitió la creación de las Comunidades Autónomas (CCAA) y modificó la organización territorial del Estado. Desde entonces, se han traspasado de forma gradual las competencias de gestión de determinados servicios públicos desde el Estado hacia las CCAA y se ha desarrollado el sistema de financiación de estas competencias. Por otra parte, desde la segunda mitad de la década de los noventa, el diseño y la ejecución de la política fiscal en España han estado condicionados por la necesidad de avanzar en la consolidación presupuestaria en el contexto de los compromisos contraídos para acceder a la Tercera fase de la Unión Monetaria, primero, y, posteriormente, de cumplir con los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que exige, a todos los países integrantes de la UE, situar las cuentas públicas en una posición próxima al equilibrio en el medio plazo. La necesidad de conciliar los dos elementos anteriores —descentralización fiscal y consolidación presupuestaria— ha puesto de manifiesto la utilidad de desarrollar normas de disciplina fiscal que vinculen a los distintos niveles de gobierno, así como de crear un entorno normativo para las CCAA que garantice un grado de autonomía financiera que resulte coherente con el nivel de las competencias de gasto asumidas. En este contexto se enmarcan dos desarrollos legislativos recientemente aprobados por las Cortes. Por un lado, la denominada Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, entre otros aspectos, refuerza los mecanismos de coordinación entre el Estado y las CCAA, con el fin de que estas participen más estrechamente en los objetivos generales de estabilidad macroeconómica. Por otro lado, el nuevo sistema de financiación de las CCAA de régimen común, acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado mes de julio, que introduce importantes novedades en relación con el sistema de financiación anterior. En este artículo se analiza el contenido de ambos desarrollos normativos y sus implicaciones en términos del entorno institucional que enmarca la actuación de las CCAA. Para ello, en el epígrafe segundo se describen los mencionados desarrollos, y en el epígrafe tercero se realiza una valoración de los mismos. El artículo finaliza con un epígrafe de conclusiones.