Economía y Sociedad: Salud

Desde inicios de los años noventa hasta la actualidad, la infraestructura pública en salud se ha ampliado muy significativamente. El total de establecimientos de salud se incrementó de 4.551 en 1990 a 8.118 en el año 2002. Sin embargo, los avances en materia de eficiencia, equidad y descentralización han sido menores. Como consecuencia, las brechas de salud entre regiones y entre los distintos grupos socioeconómicos continúan siendo enormes. Peor aún, algunos indicadores de salud infantil han mostrado un estancamiento o incluso un deterioro: la tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años se mantiene aún en niveles de 25%, mientras que el número de niños menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas pasó de 1,6 millones en 1997 a 3,5 millones en 2003. Por otro lado, el contexto actual de negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos exige enriquecer el debate acerca de las posibles implicancias del mismo sobre la salud pública en el Perú, y en particular, sobre el mercado de medicamentos. En la misma línea, subsisten algunos otros retos relacionados con temas como el mercado de aseguramiento en salud, la salud reproductiva, las reformas institucionales y la descentralización en salud. La presente edición de Economía y Sociedad busca aportar a esta reflexión, incluyendo cuatro artículos que abordan los aspectos antes mencionados. Todos ellos son resúmenes de estudios auspiciados por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Los lectores interesados pueden consultar las versiones completas y más detalladas de los trabajos en la página web del CIES (www.consorcio.org). El primer documento, a cargo de Pedro Francke (PUCP), busca evaluar la política de salud durante el período 2001-2004 desde dos puntos de vista: a) los indicadores de salud disponibles; y b) la propuesta de reforma sanitaria por el derecho a la salud que aprobó la II Conferencia Nacional de Salud. Los resultados muestran que los problemas de gestión y de implementación del modelo integral de salud han llevado a que prioridades como la planificación familiar, controles de crecimiento y TBC se hayan dejado de lado. Asimismo, el autor sugiere que la falta de dirección del proceso genera el riesgo de que la descentralización del sector salud termine en desorden y descontrol, lo cual podría afectar las prioridades nacionales. Midori de Habich y Miguel Madueño (UPCH), autores de la segunda investigación, se preguntan si existe margen para una ampliación de la cobertura de seguros de salud. Tomando en cuenta la ampliación del aseguramiento autofinanciado de sectores de ingresos medios y altos, se encuentra que, en Lima Metropolitana, existe una demanda potencial por seguros potestativos de US$ 30 millones al año. Para materializar esta mayor demanda, los autores sostienen que se debe promover nuevos planes de seguros, segmentando mercados, y redefinir la política de tarifas del MINSA. El tercer artículo, elaborado por Carlos Eduardo Aramburú (CIES), tiene por objetivo evaluar el impacto de los cambios en la política de planificación familiar sobre el uso de anticonceptivos y la fecundidad, según diferentes características de las mujeres. Analizando las Encuestas Demográficas y de Salud Familiar (ENDES) de los años 2000 y 2004, el autor concluye que los cambios en la política nacional de planificación familiar no han mejorado la calidad ni disminuido la iniquidad en el ejercicio de los derechos reproductivos. Más aún, los costos de estos cambios los han sufrido, sobre todo, las mujeres rurales y de menores niveles educativos, es decir las más vulnerables. En el cuarto texto, Juan José Miranda (IEP) examina las diferencias de precios de medicamentos en tres países (Perú, Brasil y España) y en el nivel local. Los resultados sugieren que los precios de los 6 Economía y Sociedad 56, CIES, junio 2005 medicamentos en el Perú no son necesariamente más caros que los precios en otros países, a pesar de las distintas políticas. De otro lado, el autor sugiere que se debe reducir la diferencia de precios entre los fármacos de marca y los genéricos, promoviendo medidas que estimulen la competencia, y mejorando la regulación para reducir el contrabando y la falsificación. Las cuatro contribuciones siguientes constituyen trabajos sobre temas específicos. El estudio de Elsa Galarza y Karlos La Serna (CIUP) analiza si el régimen de concesiones forestales reúne los requisitos mínimos para garantizar un desarrollo sostenible. Los autores concluyen que el desorden y la ilegalidad incentivados por las políticas forestales anteriores han frenado las inversiones en el sector, limitando los niveles de producción, valor agregado y exportaciones. Como consecuencia, el sector tiene un gran potencial en la actualidad. Sostienen, asimismo, que el nuevo régimen forestal es superior al anterior respecto del ordenamiento de la superficie forestal y los incentivos que ofrece para el manejo sostenible de los recursos. El sexto documento, realizado por Roddy Rivas-Llosa, James Loveday y Oswaldo Molina (CIUP), estudia el efecto de las crisis internacionales de finales de los noventa en las empresas del país. Los resultados muestran que las empresas más perjudicadas con la devaluación del sol fueron aquellas más endeudadas, reflejando así la existencia del canal de hoja de balance en la economía peruana. En la misma línea, los autores alertan acerca del riesgo inherente de mantener un sistema altamente dolarizado, por lo que sugieren impulsar el desarrollo del mercado de capitales local y otras medidas para reducir los niveles de dolarización. En la sétima investigación, Magdalena Benza y José Deustua (GRADE) integran el análisis geográfico y el económico para mostrar la importancia del tiempo de acceso a los servicios de telecomunicación como determinante del uso del servicio telefónico en las áreas rurales. Adicionalmente, muestran cómo el uso de los servicios de comunicación genera mayor bienestar en los hogares. Así, las medidas que ayuden a reducir el tiempo de acceso a los servicios de comunicación tendrán un impacto positivo en el bienestar de los hogares rurales. Finalmente, el trabajo de Catherine Guirkinger (CIPCA-U.C. Davis) analiza las razones de la persistencia de un sector informal en el mercado microfinanciero de Piura, aun cuando existe paralelamente un sector financiero formal que ofrece créditos menos costosos. A partir de una encuesta a 499 hogares agrícolas de Piura, la autora concluye que las razones principales de este fenómeno son las siguientes: a) los menores trámites y garantías requeridos por los prestamistas informales; b) la menor exigencia en las condiciones de refinanciamiento ante emergencias; y c) la falta de información sobre los contratos formales. Desde inicios de los años noventa hasta la actualidad, la infraestructura pública en salud se ha ampliado muy significativamente. El total de establecimientos de salud se incrementó de 4.551 en 1990 a 8.118 en el año 2002. Sin embargo, los avances en materia de eficiencia, equidad y descentralización han sido menores. Como consecuencia, las brechas de salud entre regiones y entre los distintos grupos socioeconómicos continúan siendo enormes.