Estudio descriptivo de la oferta y demanda global del sector minero en la Republica de Perú: una comparación con Argentina

Desde una perspectiva extractivista y centrada en la inversión, la competitividad de una jurisdicción (región, país, provincia) y los recursos minerales (prospectos, proyectos) que retiene puede entenderse como el grado o nivel de atracción que puede representar para hacer trabajos de minería. De acuerdo con esto, las tendencias muestran que cada vez es más claro para las empresas mineras y los gobiernos que la competitividad de un proyecto de minería de metales depende no solo de las condiciones geológicas y macroeconómicas de la jurisdicción en la que se ubica, sino también de las condiciones institucionales, pero también de temas ambientales y "licencia social" (la licencia social para el proyecto en desarrollo). En este sentido, el análisis de los conflictos sociales y ambientales proporciona una evidencia cuantitativa de riesgo para una empresa minera: un conflicto con una comunidad local puede significar una pérdida semanal de $20 millones en valor presente neto del proyecto empresa (Franks et al, 2014). Por otro lado, una buena gestión de las relaciones con la comunidad puede reducir el conflicto, el riesgo y la tasa de descuento que los mercados financieros aplican a un proyecto minero entre un 33% y un 12 % (Henisz, Dorobantu y Nartey, 2014). Entre 2000 y 2013, hubo un aumento significativo en el número de conflictos sociales y ambientales relacionados con proyectos mineros (Andrews et al., 2017), lo que provocó un cambio en la percepción de las empresas mineras e inversionistas sobre el potencial o competitividad del proyecto si bien las inversiones están impulsadas por factores económicos-financieros y político-institucionales tradicionales (geología, política macroeconómica, tenencia, respeto al estado de derecho, estabilidad política y jurídica, previsibilidad fiscal, baja corrupción, etc.) (ECLAC, 2016).