Se analiza la regulación tarifaria óptima de un monopolista que enfrenta una restricción de servicio universal obligatoria efectiva en el sentido que no es posible diseñar una tarifa en dos partes no discriminatoria que satisfaga simultáneamente la restricción de autofinanciamiento del monopolista, la restricción de participación de los individuos e induzca niveles de consumo socialmente eficientes. Se asume que el monopolista posee información superior al regulador ya que conoce los “tipos” de cada individuo, en tanto que el regulador sólo conoce la distribución de estos en la economía. En este marco, se derivan las tarifas en dos partes óptimas que el regulador debiera fijar bajo tres esquemas regulatorios diferentes: de no flexibilidad (el monopolista sólo ofrece el plan regulado), de flexibilidad parcial (el monopolista puede ofrecer planes alternativos, pero éstos -y el plan regulado- deben estar disponibles para todos sus clientes), y de flexibilidad total (el plan regulado debe ofrecerse a todos los individuos, pero los planes alternativos no necesariamente). Se caracterizan las soluciones bajo los tres esquemas y se encuentra un ranking inambiguo de reglas regulatorias: la flexibilidad total es (débilmente) mejor que la flexibilidad parcial y ésta a su vez es estrictamente mejor que la no flexibilidad. El trabajo ilustra claramente cómo debe cambiar la tarifa regulada en la medida que se cambia la regulación hacia esquemas de mayor flexibilidad.
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