Los autores argumentan que brindar una mayor certeza jurídica a las inversiones, mediante la reducción en los espacios de comportamiento oportunista, tanto del Estado como de otros agentes privados, puede lograrse a través de dos mecanismos: i) la perfección de los marcos regulatorios y de competencia con miras a reducir la aparición de conflictos y de resolverlos en forma expedita y confiable, y, ii) la asignación y protección de derechos de propiedad en mercados con claras deficiencias en su funcionamiento. Para ilustrar esta hipótesis, se sintetizan en este trabajo algunos proyectos de ley discutidos en los últimos cuatro años. Una conclusión que emerge de este trabajo es que efectivamente es posible generar un aumento en las tasas de inversión y mejora en su calidad sin recurrir a subsidios sectoriales, sino que con la implementación de una institucionalidad capaz de mejorar la certeza jurídica a las inversiones
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