En este trabajo se documentan dos hechos preocupantes. El primero es la existencia de importantes disparidades de gasto por estudiante que reflejan diferencias entre regiones en niveles de financiación autonómica por habitante. El segundo es que, con la excepción de los niveles obligatorios, no se detecta una tendencia clara hacia la reducción de la desigualdad educativa entre regiones al pasar del conjunto de la población adulta a las cohortes más jóvenes, lo que no es un buen augurio desde el punto de vista de la cohesión territorial.
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