Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina

Resumen Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en América Latina afectan la calidad de vida de la población, están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional, generan mayor inseguridad y violencia, y corroen la gobernabilidad en algunos países. No es de extrañar, pues, que en el contexto político internacional el tema de las drogas ha ido adquiriendo peso y presencia progresiva, y los acuerdos intergubernamentales en esta materia se extienden cada vez más. En relación a la producción, América Latina concentra la totalidad de producción global de hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína del mundo. Posee, además una producción de marihuana que se extiende hacia distintos países y zonas, destinada tanto al consumo interno como a la exportación. Y, crecientemente, produce amapola y elabora opio y heroína. En relación con el tráfico, la zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero la ruta del Pacífico, pasando por América Central, ha ganado importancia relativa. Recientemente ha cobrado importancia el transporte fluvial desde los países productores de coca-cocaína a través de Brasil. El problema del consumo afecta principalmente a la población juvenil y a los varones más que a las mujeres. La marihuana, seguida de la pasta base de cocaína, el crack y el clorhidrato de cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo en la región, generando mayores problemas en jóvenes de alta vulnerabilidad social. Según los datos que proveen los centros de tratamiento, el alcohol y el tabaco, seguidos por la marihuana, son las drogas de inicio más frecuentes de los pacientes atendidos en centros de tratamiento; pero las drogas ilícitas de mayor impacto en la salud son la cocaína, la pasta báse y el crack. Los gobiernos han tomado medidas y formulado planes nacionales para reducir tanto la demanda como la oferta, colocando especial énfasis en el control de la producción y el tráfico de drogas, las campañas de comunicación y prevención, el fortalecimiento jurídico e institucional, y la mayor cooperación internacional para el control del tráfico de drogas y lavado de dinero. Entre los criterios compartidos por los gobiernos destaca también la mayor focalización de la prevención y el tratamiento en grupos de mayor vulnerabilidad social; progresiva municipalización de la prevención, privilegiando la comunicación cara a cara; sistemas integrados de información tanto respecto del consumo como de la producción y el tráfico; y una legislación que permita mayor eficacia de las acciones de control sobre la oferta de drogas y los delitos conexos.