Fortalecer la productividad y la calidad del empleo: el papel de las disposiciones laborales de los tratados de libre comercio y los sistemas nacionales de capacitación y formación profesional

En los años recientes, los países latinoamericanos -sea de manera individual o como miembros de bloques sub-regionales de países- han suscrito un creciente número de tratados de libre comercio (TLC), con el objetivo de mejorar el acceso a mercados, atraer inversión extranjera directa, y fomentar el crecimiento y la generación de empleo. Es frecuente que estos tratados de índole comercial, se vean acompañados de acuerdos laterales (side agreements), básicamente en los ámbitos laboral y medioambiental, o de capítulos en el mismo tratado cuyas cláusulas comprometen a los países signatarios a cumplir las normas acordadas. La inclusión de estas disposiciones en los TLC implica riesgos y oportunidades.Desde un cierto punto de vista, estas disposiciones pueden implicar un riesgo de convertirse en una barrera no tarifaria para el acceso a los mercados de los países desarrollados. Puede ser el caso de la obligatoriedad del cumplimiento de ciertas normas ambientales que pueden llegar a ser de un alto costo para un país emergente, como también la obligatoriedad de cumplimiento de ciertas normas laborales en contextos de mercados laborales altamente informales. Así, por ejemplo, en una hipotética situación de conflicto comercial, el incumplimiento de compromisos adquiridos respecto de normas laborales podría llevar al país latinoamericano a ser sentado en el banquillo de los acusados y a las correspondientes medidas punitivas en el ámbito comercial.Por otro lado, si los países de la región aspiran a desarrollar una estrategia de competitividad basada en productividades crecientes, entonces se requiere relaciones laborales que estimulen un círculo virtuoso entre la productividad laboral y mejoras en la calidad del empleo. En efecto, a nivel internacional, los procesos productivos que generan trabajo decente y son ambientalmente sostenibles contribuyen a una exitosa inserción productiva global.Asimismo, dos de las instituciones que suelen contribuir a asegurar el cumplimiento de las normas laborales son tradicionalmente débiles en los países de la región: los sindicatos (sobre todo en el sector privado) y las entidades de inspección del trabajo. Estas instituciones deben ser reforzadas para hacerse cargo de la importancia dada por los TLC a las condiciones laborales, y de esta manera se puede esperar que se abran oportunidades para avanzar simultáneamente en tres dimensiones distintas pero relacionadas:Las empresas que quieren aprovechar el TLC para aumentar sus ventas externas deben preocuparse por evitar posibles obstáculos a sus negocios, los cuales podrían surgir de un incumplimiento de dichas cláusulas.Los trabajadores podrían ver en ellas un instrumento para un mayor cumplimiento de las normas laborales nacionales y, de esta manera, para mejorar sus condiciones de trabajo.Los gobiernos, si están comprometidos en una estrategia de mejora continua y sostenible de la competitividad sistémica y productividades crecientes, favorecerían relaciones laborales que gocen de alta legitimidad tanto dentro como fuera del país.Para hacer que la competitividad se base cada vez más en estrategias de productividades crecientes se requiere de una mirada estratégica que impulsen políticas públicas orientadas a aumentar el contenido en innovación y conocimiento de los procesos productivos. Ello supone la puesta en marcha de mecanismos de aprendizaje continuo que no solo permitan un aprovechamiento pleno de los potenciales de estas tecnologías sino que, al aumentar la productividad laboral, también genere las condiciones para mejoras continuas de las condiciones laborales, tanto salariales como no salariales.En nuestra región existe una enorme gran brecha en la inserción laboral juvenil, entre aquellos que se gradúan de la educación terciaria y aquellos otros con menores niveles de educación formal. Entre otros factores, ello se relaciona con la debilidad de la educación técnica, por la cual los jóvenes que no acceden a estudios universitarios generalmente tampoco tienen la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades prácticas requeridas y reconocidas mayormente por el mercado. En general, los países de la región todavía están lejos de tener una oferta amplia y de alta calidad para la calificación de todos los jóvenes que no emprenden estudios universitarios. Especial atención habrá que prestar en este contexto a los jóvenes procedentes de grupos sociales vulnerables.El conjunto de las actividades de formación profesional y de capacitación que califican a la fuerza laboral es el Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional (SNCFP). Para que cumpla plenamente con su rol debe atender tanto a la demanda de las empresas como a las preferencias y proyectos de las personas. Debe además ser eficiente, con una clara orientación hacia el reforzamiento de la igualdad y la cohesión social. Durante las décadas recientes, en los países latinoamericanos se han hecho esfuerzos para mejorar el funcionamiento de los SNCFP, pero se requiere fortalecerlos para que puedan cumplir de mejor manera las tareas esbozadas.A solicitud de los Ministerios de Trabajo de El Salvador y Perú, el componente "Políticas de empleo y mercado laboral" (AEC/09/003) del Programa de cooperación entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) "Políticas e Instrumentos para la Promoción del Crecimiento en América Latina y el Caribe" se ha dedicado a analizar en profundidad estos dos temas: de una parte el papel de las disposiciones laborales de los tratados de libre comercio y, de otra, los retos para los SNCFP, y a fomentar el diálogo socio-laboral sobre ellos. Los resultados preliminares de los estudios nacionales se han presentado en dos seminarios que tuvieron lugar los días 5 y 17 de mayo de 2011 en Lima y San Salvador, respectivamente.En este documento se presenta la versión final de estos estudios, así como algunos análisis complementarios que añaden una perspectiva regional. Esperamos que estos trabajos tengan una amplia difusión y que contribuyan, sobre todo en El Salvador y Perú, a fortalecer la institucionalidad laboral por medio de un efectivo diálogo socio-laboral.