Casos de estudio de empresas fachada en Colombia

El presente documento expone 11 casos de estudio asociados a la constitución de empresas fachada con distintos objetivos relacionados con actividades ilegales, tales como lavado de dinero, flujos financieros ilegales y desvío de recursos públicos. Cada uno de los casos es fundamentado en investigaciones penales o fiscales llevadas a cabo por autoridades públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades. Dentro de estas investigaciones se documentan irregularidades o crímenes como venta de títulos de valor ficticios, exportaciones e importaciones ficticias, lavado de dinero, coaptación de instituciones públicas y desvío de recursos públicos a cuentas de particulares. El documento desarrolla cada caso exponiendo el contexto del mismo, el modelo de negocio usado por la organización involucrada, las prácticas irregulares de las que es acusada o los delitos que enfrenta, el alcance del caso tanto en términos monetarios como en impacto negativo sobre el bienestar de los afectados y la evolución de las sanciones penales y fiscales. Sumado a lo anterior, el documento hace un énfasis especial en casos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar, exponiendo 6 casos donde redes de corrupción coaptaron la contratación alrededor del PAE con el objetivo de desviar los recursos del mismo a bolsillos particulares a través de la constitución de empresas fachada que conseguían hacerse con los contratos de operación de este programa y malversar su implementación. Dentro de los hallazgos comunes entre los casos se resaltan la consolidación de clanes familiares como factor relacionado con la coaptación de instituciones del Estado, la realización de importaciones y exportaciones ficticias para mover activos de un país a otro, la consolidación de relaciones estrechas con políticos y funcionarios públicos que facilite la asignación de contratos y, por último, la manipulación de los nombres, números de identificación y cambio en los representantes legales de las empresas con el fin de no cumplir sanciones previas impuestas por casos de corrupción. ****** Abstract: This document presents 11 case studies associated with the constitution of front companies with different objectives related to illegal activities, such as money laundering, illegal financial flows and misappropriation of public resources. Each of the cases is based on criminal or fiscal investigations carried out by public authorities such as the Fiscalía General de la Nación, the Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación and the Superintendencia de Sociedades. These investigations document irregularities or crimes such as the sale of fictitious securities, fictitious exports and imports, money laundering, coaptation of public institutions and deviation of public resources to private accounts. The document develops each case by setting out the context of the case, the business model used by the organization involved, the irregular practices of which it is accused or the crimes it faces, the scope of the case both in monetary terms and in terms of negative impact on the welfare of those affected, and the evolution of criminal and fiscal sanctions. In addition, the document makes a special emphasis on cases related to the Programa de Alimentación Escolar (PAE), exposing 6 cases where corruption networks coopted the contracting around the PAE with the aim of misappropriating its resources to private pockets through the constitution of front companies that managed to get the contracts for the operation of this program and misappropriate its implementation. Among the common findings of the cases are the consolidation of family clans as a factor related to the coaptation of state institutions, the realization of fictitious imports and exports to move assets from one country to another, the consolidation of close relationships with politicians and public officials to facilitate the allocation of contracts and, finally, the manipulation of names, identification numbers and changes in the legal representatives of the companies in order to avoid previous sanctions imposed for corruption cases.