Contribución a la racionalización y control del gasto de personal en la empresa universitaria. Necesidad del régimen jurídico unificador

CONTRIBUCION A LA RACIONALIZACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE PERSONAL DE LA EMPRESA UNIVERSITARIA. NECESIDAD DEL RÉGIMEN JURÍDICO UNIFICADOR Francisco de la Torre Olid Doctor en Derecho Secretario General Universidad Isabel I La Universidad, como institución destinada a prestar el servicio público de la enseñanza superior y ser centro de referencia para la producción científica, se legitima en su labor según aquél compromiso por lo que su consideración como empresa no se ha de medir en función de su rentabilidad económica sino que antes se legitimará por garantizar y realizar su cometido. En cualquier caso tal referente de partida no elude una consideración de gestión responsable, diligente y con vocación de rentabilidad. La empresa universitaria está abocada a soportar unos altos costes de personal (por su encuadramiento en el sector servicios) y, al tiempo, está llamada al control del gasto, urgida incluso si tenemos en cuenta que en esta partida hay un cierto descontrol, multiplicándose la oferta de plazas en la Universidad Pública, abstracción hecha de su real necesidad; como también hay una tensión al demandarse en la universidad privada mayor estabilidad laboral, mejoras retributivas y cualificación curricular, según, de un lado, las demandas que los representantes de los trabajadores formulan y, de otro lado, la Administración educativa exige. Alcanzar los equilibrios necesarios, evitar desviaciones pasa por unificar el tratamiento del profesorado universitario. Algo lógico, al estar proyectado a una misma labor, y propuesto para su logro con la sujeción a los mismos criterios de idoneidad en las Agencias evaluadoras. Avanzar en toda medida de fijación de la retribución del profesorado universitario pasa también por el referente social de tal cuestión que exige una integridad y la preservación de unos niveles dignos, impidiendo medirlo solo por fluctuaciones del mercado. Corregir los excesos implica que, por ejemplo, en la Universidad Pública, amparada en su autonomía, se determine una asignación docente aliviada traduciéndose tal política en un sobregasto público y sobredimensionamiento sin asunción de responsabilidad alguna en el endeudamiento. Como también corregir los excesos en la Universidad Privada pasa porque en su relación de puestos de trabajo se observen las ratios fijadas en la norma, evitando los excesos en la carga docente, sacrificando la investigación y abocando a una dedicación extraordinaria en la docencia y en la gestión.