Reflexiones en torno a la potestad administrativa sancionadora: aplicación en el sector energético, ambiental, de telecomunicaciones y en otros sectores

La administración pública cuando ejerce sus potestades públicas (puissance publique) siempre está revestida de una “cierta” discrecionalidad. No obstante, la anterior premisa debe examinarse desde la perspectiva del carácter “absoluto” o no de la discrecionalidad, y de la necesidad de encontrar la delimitación de la misma, especialmente cuando se trata del ejercicio del ius puniendi materializado en la actividad administrativa sancionadora. Es allí donde debe establecerse si la administración pública está llamada a ajustar su potestad sancionadora en función del principio de proporcionalidad, y especialmente de la ponderación como subprincipio esencial para la delimitación no sólo en la adecuación de la infracción, sino en la determinación de la sanción que proceda en cada evento.