La declaratoria de prejudicialidad para el ejercicio de la acción por daño moral

En la trayectoria de la acción por daño moral en nuestra legislación se ha caracterizado por ser una acción autónoma, que está vinculada a los sentimientos de las personas, a los valores, a sus creencias, etc. Cada vez se ha buscado perfeccionar el ejercicio de esta acción, desde su origen en la Ley 171, luego incorporada en el Código Civil, las cortes de alzada se han pronunciado por varias ocasiones en sus sentencias sobre la autonomía de esta acción manifestando que no se necesita de la decisión jurisdiccional que determine la responsabilidad para poder ejercerla. La prejudicialidad en el daño moral pasa por un problema de facto, por cuanto existe la posibilidad de que se sacrifique justicia al no tener un carácter vinculante con la declaratoria de responsabilidad, vulnerando el derecho de las víctimas, personas que han sufrido daño moral. Nuestra Constitución es totalmente garantista de derechos y una de las garantías es la tutela judicial efectiva, que si se declara sin lugar una demanda al carecer esta de fundamento factico, es decir, carece de prejudicialidad, se estaría sacrificando la justicia, decisión que no pasa por la defensa técnica sino por los operadores de justicia. Para evitar la vulneración de esta garantía constitucional y así mismo evitar que los juzgadores caigan en las causales de error judicial o indebida motivación o interpretación de la normativa legal, se prevé la necesidad de agregar en el COGEP que no se requiere de prejudicialidad para el ejercicio de la acción por daño moral.