Insuficiencias Legislativas Que Limitan Las Garantías De Los Sujetos, Objetos De Procesos Confiscatorios Del Decreto Ley No.149 De 1994 Y Su Reglamento

Desde enero de 1959 Cuba ha sido objeto de innumerables ataques externos, que han influido negativamente en el desarrollo de la economía y la sociedad de la nación. Para su enfrentamiento el Estado se vio en la necesidad de adoptar medidas encaminadas en preservar y mantener las conquistas alcanzadas. El derrumbe del campo socialista dio lugar al desarrollo de vicios y tendencias negativas, acentuándose las diferencias sociales y el individualismo en todas las esferas de la sociedad. La economía se caracterizó por la ausencia de controles administrativos eficientes e insuficientes manejos de los recursos financieros de las empresas estatales y de muchos de sus representantes. El Estado se vio obligado a hacer transformaciones económicas y jurídicas, tales como la legalización del uso de la divisa, aprobación de regulaciones que ampliaron el ejercicio del trabajo por cuenta propia y el desarrollo de la inversión extranjera entre otras. Una de las medidas tomadas en el campo legislativo, fue la promulgación del Decreto Ley 149/1994, que permitió la adopción de medidas contra quienes, venían obteniendo un patrimonio ilegítimo. La norma que nos ocupa concibe un proceso ágil, que permite poner al descubierto los resultados de las actividades indebidas de los procesados, pero su procedimiento dista de la efectividad y garantías necesarias, para ser perfeccionado, en aras de lograr una mayor protección jurídica para los destinatarios. En el presente trabajo se esboza el tratamiento que se ha dado en la doctrina a la confiscación de bienes, la forma en que se regula en las constituciones de diferentes países y en el nuestro, así como la necesidad perentoria de su perfección en los momentos actuales.