Queja Como Mecanismo De Garantía

En la actualidad debemos considerar imprescindible, como premisa fundamental, la defensa de la persona ante las posibles arbitrariedades de los órganos de poder, así como otras que a menudo vulneran derechos que atañen al ciudadano. Quizás algunos crean que se trata de una quimera inalcanzable, otros, por el contrario, confían que puede ser posible. Sin embargo, considero que mientras los hombres sigan haciendo suyos los principios de igualdad, libertad y justicia, se seguirá en condiciones de defender nuestros intereses y derechos legítimos, aún y cuando, la misión consista en ocasiones en enjuiciar el colosal aparato administrativo. Por tanto, debemos entender que esta defensa no está solamente en manos del particular, sino que el Estado deberá crear todo un conjunto de técnicas eficaces que le permita al individuo exigir la restitución de sus derechos vulnerados. En este sentido la justicia administrativa ha resultado ser por mucho tiempo uno de los mecanismos protectores por excelencia ante las eventuales arbitrariedades de la Administración Pública y por consiguiente la entendemos como el conjunto de instrumentos técnico-jurídicos encaminados al control de la legalidad de la actividad de la administración, de su potestad reglamentaria y del sometimiento de la administración a los fines que la justifican. En consecuencia, estos mecanismos se orientan a la integridad de derechos e intereses legítimos, de lo que se deriva que la justicia administrativa deberá encuadrarse en un contexto constitucional. Pero igual, no olvidemos que estas arbitrariedades también se constituyen de amenazas y lesiones que devienen de los particulares. Si en este sentido, tomamos en consideración al sistema de garantías, podemos plantear que estas deben analizarse en dos esferas, las necesarias para el ejercicio real del derecho y las que propician su defensa en ocasión de amenazas y vulneraciones, en este caso debe ser estudiada y encuadrada la Queja Constitucional, institución a la que dedicamos un espacio en nuestra investigación, como procedimiento que tutela los derechos y libertades individuales y colectivos