La nueva ley de estabilidad presupuestaria

En septiembre de 2011 se decidió reforzar el marco de reglas presupuestarias vigentes en España con la aprobación de una reforma de la Constitución, según la cual se elevó a rango constitucional la obligación de que todas las Administraciones Públicas (AAPP) adecuen sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Con posterioridad, el 27 de abril de 2012 se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEP), que desarrolla la citada reforma constitucional, reemplazando las leyes de estabilidad vigentes. La LEP introdujo modificaciones significativas en las definiciones y mecanismos de determinación de los límites de déficit, deuda y gasto públicos aplicables a los distintos niveles de las AAPP, así como cambios en los procedimientos y mecanismos de corrección en caso de desviación con respecto a los mismos. Las nuevas reglas presupuestarias y su encaje legal constitucional responden a una tendencia compartida por el resto de países europeos, y reflejada en distintas reformas recientemente introducidas en la arquitectura institucional de la unión monetaria. En efecto, la respuesta de política económica a la crisis de deuda soberana en el área del euro está siendo muy amplia e incluye, entre otros aspectos, una revisión del marco de gobernanza económica de la UE. En materia presupuestaria se ha aprobado, en primer lugar, una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) con el objetivo de fortalecer su implementación, que incluye una modificación de la vertiente preventiva con la incorporación de la evolución del gasto en la evaluación del cumplimiento de los objetivos presupuestarios a medio plazo de los países, el reforzamiento del criterio de la deuda pública, así como la introducción de nuevas obligaciones de información y sanciones financieras para los países de la zona del euro, que se aplicarán con mayor anticipación y de manera más gradual y gozarán de un mayor automatismo en su aprobación. Asimismo, la reforma reconoce la importancia de una definición adecuada de los marcos fiscales no solo a nivel europeo, sino también en el ámbito nacional, por lo que se exige a los Estados miembros el cumplimiento de una serie de requisitos mínimos en sus marcos presupuestarios con el fin de que contribuyan de una manera más eficaz al logro de la estabilidad presupuestaria. Asimismo, en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG), acuerdo intergubernamental firmado por el Consejo Europeo el 2 de marzo de 2012, los países se comprometen a mantener un saldo estructural equilibrado y a trasladar este compromiso a sus ordenamientos jurídicos nacionales y, preferiblemente, a la Constitución. Este es el contexto en el que se enmarca la reforma del marco presupuestario en España, cuyo análisis detallado se realiza en este artículo. Para ello, en el siguiente apartado se repasan y analizan los límites cuantitativos al déficit, deuda y gasto públicos que establece el nuevo marco, mientras que en el apartado tercero se examinan los casos en que la ley permite desviaciones respecto a esos umbrales. La reforma incluye un período transitorio para avanzar gradualmente en la reducción del déficit y de la deuda desde sus niveles actuales hasta situarlos por debajo de los límites establecidos que finaliza en 2020. Las disposiciones relativas a este período transitorio se analizan en el apartado cuarto. El artículo se completa con un recuadro en el que se resumen los procedimientos de fijación de objetivos y de seguimiento y control de su cumplimiento incluido en la LEP. En el último apartado se presentan algunas conclusiones.