Una primera estimación del impacto económico de una reducción de las cargas administrativas en España

Distintos argumentos, como la existencia de fallos de mercado o la necesidad de proteger a los consumidores, pueden justificar la regulación de la actividad económica. Esta regulación exige, a menudo, el cumplimiento de distintos trámites administrativos, que pueden ir desde la solicitud de licencias, permisos o certificaciones, hasta la obligación de inscripción en registros o la realización de encuestas, que se consideran necesarias para alcanzar los objetivos regulatorios. Sin embargo, las exigencias administrativas pueden también resultar excesivas en relación con los objetivos perseguidos. En ocasiones se afirma, por ejemplo, que el entramado normativo al que hacen frente los agentes económicos es excesivamente complejo, prolijo e, incluso, redundante. Es en este contexto en el que desde hace algunos años se ha enfatizado la necesidad de llevar a cabo una simplificación y mejora de la calidad del marco regulatorio con el objetivo de aumentar la competitividad y el crecimiento económico. De acuerdo con los estándares internacionales, los costes administrativos se definen, en el caso de las empresas, como el coste económico que supone para aquellas realizar todas las tareas administrativas recurrentes necesarias para cumplir con la regulación vigente. Parte de los costes derivados del cumplimiento con la regulación son costes en los que las empresas incurrirían aun cuando no estuvieran obligadas, ya que se corresponden con tareas que forman parte de sus operaciones normales. Sin embargo, otra parte de los costes administrativos surge exclusivamente como consecuencia de la existencia de regulación. A esta última parte de los costes administrativos se le denomina carga administrativa. Debido a que ambos conceptos son difíciles de delimitar exactamente, los estudios e iniciativas tomadas en este terreno hasta el momento tratan de medir los costes administrativos, pero el objetivo debe ser simplificar y recortar las cargas administrativas. De hecho, debería reducirse solo aquella parte de las cargas administrativas que sea redundante, innecesaria o haya quedado obsoleta, y, en cualquier caso, sin que suponga un menoscabo de los objetivos generales perseguidos por la regulación, de pérdida de información relevante para la toma de decisiones de política económica o para el cumplimiento de las obligaciones tributarias entre otras. Esto se puede conseguir, por ejemplo, a través de una mejora de la eficiencia en la recogida de la información exigida por la Administración, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), eliminando la regulación desfasada o simplificando la regulación ya existente tanto en su contenido como en la forma de expresarlo sobre el papel. Holanda ha sido uno de los países pioneros en adoptar medidas a este respecto. Como primer paso, el Gobierno holandés estimó en 2003 que el coste administrativo derivado de la regulación ascendía al 3,6% del PIB. Otros países como el Reino Unido y Dinamarca, así como la OCDE y la Comisión Europea, han adoptado metodologías similares a la desarrollada por Holanda para realizar sus propias mediciones del coste agregado de la regulación, llegando a estimaciones que oscilan entre un 1,5% y un 6,8% del PIB, dependiendo del país. Aun tomando estas primeras estimaciones solo como una aproximación al montante real, y a pesar de que las cargas administrativas son tan solo una parte de los costes administrativos, las cifras ponen de manifiesto el elevado coste económico que supone para las empresas el marco regulatorio que tanto la Administración local, como la estatal y la internacional, imponen en la actualidad. Además, las diferentes estimaciones disponibles muestran que las pequeñas empresas son las más perjudicadas por la regulación administrativa. Esto se debe a que las obligaciones impuestas por la normativa no varían sustancialmente, independientemente del tamaño de las empresas, lo que hace que el coste relativo impuesto sobre las pequeñas empresas sea mayor que el de las grandes. De hecho, la OCDE estima que el coste por empleado para las empresas con menos de 20 trabajadores es aproximadamente cinco veces superior al que supone para las empresas de entre 50 y 499 empleados. En la misma línea, Nijsen y Vellinga (2002) estiman, para el caso holandés, que las empresas de menos de 10 empleados soportan un 53% del total de las cargas administrativas, a pesar de que solamente emplean al 20% del total de trabajadores. Estos resultados tienen importantes implicaciones económicas. Por un lado, dado que más del 90% de las empresas en Europa son PYMES, el impacto negativo de las cargas administrativas sobre la competitividad a nivel europeo puede ser elevado. Por otro lado, al tener un elevado componente de coste «fijo» (independiente de la dimensión de la empresa), la existencia de cargas administrativas eleva el tamaño de entrada de las empresas en los mercados (es decir, establece una barrera de entrada), lo que reduce el número de entradas y, por tanto, el grado de competencia en los mercados y la productividad [véase, por ejemplo, Nicoletti y Scarpetta (2003)]. Sobre la base de esta evidencia, la Comisión Europea adoptó, como pieza central de la reorientación de la Estrategia de Lisboa llevada a cabo en marzo de 2005, la simplificación y mejora del entorno regulatorio de las empresas, ciudadanos y otros organismos. Así, se ha puesto en marcha un Plan de Acción para conseguir reducir las cargas administrativas que emanan de la regulación europea en un 25% en el año 2012. Asimismo, la Comisión Europea ha invitado a los países miembros a sumarse a esta iniciativa y reducir, también para 2012, las cargas que tienen su origen en las legislaciones nacionales en la misma proporción (véase recuadro 1 para un resumen de los principios propuestos por la Comisión Europea para la reducción de cargas administrativas). En este contexto, el Gobierno español se ha comprometido a reducir las cargas administrativas en un 30% en el plazo propuesto por la Comisión Europea. El objetivo de este artículo es proporcionar una primera estimación del impacto sobre las principales variables macroeconómicas de una reducción permanente de un 30% del total de las cargas administrativas derivadas de la regulación española y de un 25% de las cargas administrativas que emanan de la regulación europea. Entre las posibilidades disponibles, en este artículo se utilizará una versión simplificada del modelo de equilibrio general dinámico desarrollado por el Banco de España, conocido como BEMOD. Además, se realizará un ejercicio contrafactual que permitirá estimar el coste de la no acción, es decir, se estimará cuál sería el coste económico para España de no alcanzar los objetivos establecidos mientras que el resto de los países europeos (y la propia Comisión Europea) sí lo hacen.