Informe de inventario y análisis de las medidas administrativas del Ministerio del Ambiente – MINAM y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, que deben ser consultadas en el marco de la Ley Nº 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT

La Defensoría del Pueblo ha considerado necesario priorizar el levantamiento y sistematización de información relativa a las medidas administrativas que deberían ser consultadas para la implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, contenido en el Convenio 169 y desarrollado por la Ley Nº 29785 y su respectivo reglamento (aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC). En ese sentido, en el marco de la cooperación técnica que la Defensoría del Pueblo recibe de la República Federal de Alemania, se ha aprobado el proyecto de "Apoyo a la Defensoría del Pueblo en la Implementación del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios como Aporte a la Prevención de Conflictos", uno de cuyos componentes está orientado a que la Defensoría del Pueblo cuente con toda la información relevante y actualizada que requiere para la ejecución de sus tareas con respecto a la supervisión de la implementación del derecho a la consulta previa a pueblos indígenas. Se propone que el MINAM reglamente el procedimiento para la aplicación del derecho de consulta en el sector Ambiente, que incluye al SERNANP, incorporando una lista de medidas administrativas que necesariamente deben pasar por consulta previa, y elabore directivas internas que establezcan con claridad la metodología de formulación y aprobación de políticas, planes, programas, proyectos y normas de interés sectorial, identificando una etapa especial en la que se efectúe el análisis de la posible afectación a los pueblos indígenas, así como los mecanismos de participación del caso, El estudio, publicado en el año 2013, contó con el auspicio de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ, en cooperación técnica con la Defensoría del Pueblo y la colaboración del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).