Informe de inventario y análisis de las medidas administrativas del Ministerio de Educación (Minedu), que deben ser consultadas en el marco de la Ley No. 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT

La Defensoría del Pueblo ha considerado necesario priorizar el levantamiento y sistematización de información relativa a las medidas administrativas que deberían ser consultadas para la implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, contenido en el Convenio 169 y desarrollado por la Ley Nº 29785 y su respectivo reglamento (aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC). En ese sentido, en el marco de la cooperación técnica que la Defensoría del Pueblo recibe de la República Federal de Alemania, se ha aprobado el proyecto de "Apoyo a la Defensoría del Pueblo en la Implementación del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios como Aporte a la Prevención de Conflictos", uno de cuyos componentes está orientado a que la Defensoría del Pueblo cuente con toda la información relevante y actualizada que requiere para la ejecución de sus tareas con respecto a la supervisión de la implementación del derecho a la consulta previa a pueblos indígenas. La consultoría recomienda diseñar una metodología para la identificación de las medidas administrativas que sean susceptibles de afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas; hacer un seguimiento exhaustivo de la labor de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural – DIGEIBIR, al ser la encargada de formular, proponer, normar, y orientar la política nacional de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, estableciendo las coordinaciones necesarias con las instancias de gestión educativa descentralizada; así como hacer una evaluación integral a fin de proponer un modelo de proceso que no limite u obstaculice el ejercicio de este derecho. El estudio, publicado en el año 2013, contó con el auspicio de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ, en cooperación técnica con la Defensoría del Pueblo y la colaboración del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).