Informe de inventario y análisis de las medidas administrativas de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, que deben ser consultadas en el marco de la Ley Nº 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT

La Defensoría del Pueblo ha considerado necesario priorizar el levantamiento y sistematización de información relativa a las medidas administrativas que deberían ser consultadas para la implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, contenido en el Convenio 169 y desarrollado por la Ley Nº 29785 y su respectivo reglamento (aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC). En ese sentido, en el marco de la cooperación técnica que la Defensoría del Pueblo recibe de la República Federal de Alemania, se ha aprobado el proyecto de "Apoyo a la Defensoría del Pueblo en la Implementación del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios como Aporte a la Prevención de Conflictos", uno de cuyos componentes está orientado a que la Defensoría del Pueblo cuente con toda la información relevante y actualizada que requiere para la ejecución de sus tareas con respecto a la supervisión de la implementación del derecho a la consulta previa a pueblos indígenas. La consultoría tiene como objetivo principal que la Defensoría del Pueblo cuente con un instrumento de gestión dinámico que le permita identificar las medidas administrativas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que debieran ser objeto de un proceso de consulta previa, lo cual coadyuvaría al ejercicio de su función de supervisar el respeto y garantía del derecho a la consulta previa. Asimismo, el análisis y metodología empleada para la identificación de las referidas medidas administrativas así como las conclusiones y recomendaciones servirán como insumo para que la Defensoría del Pueblo tenga un visión general e integrada de la ANA y su regulación, de los avances y falencias en la implementación del derecho a la consulta así como de las percepciones de los funcionarios de la ANA; ello le permitirá contar con las herramientas necesarias para ejercer otras de sus facultades, como son la de elaborar informes, presentar iniciativas legislativas, entre otras. El estudio, publicado en el año 2013, contó con el auspicio de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ, en cooperación técnica con la Defensoría del Pueblo y la colaboración del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).