Informe sobre implementación del derecho a la consulta previa para medidas legislativas formuladas por el Congreso de la República, que deben ser consultadas en el marco de la Ley N° 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT

La Defensoría del Pueblo ha considerado necesario priorizar el levantamiento y sistematización de información relativa a las medidas administrativas que deberían ser consultadas para la implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, contenido en el Convenio 169 y desarrollado por la Ley Nº 29785 y su respectivo reglamento (aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC). En ese sentido, en el marco de la cooperación técnica que la Defensoría del Pueblo recibe de la República Federal de Alemania, se ha aprobado el proyecto de "Apoyo a la Defensoría del Pueblo en la Implementación del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios como Aporte a la Prevención de Conflictos", uno de cuyos componentes está orientado a que la Defensoría del Pueblo cuente con toda la información relevante y actualizada que requiere para la ejecución de sus tareas con respecto a la supervisión de la implementación del derecho a la consulta previa a pueblos indígenas. El presente Informe tiene como objetivo dotar a la Defensoría del Pueblo y a su Programa de Pueblos Indígenas de un mapeo, inventario, sistematización y análisis de información relativo a las medidas legislativas promovidas por el Congreso de la República que debieron ser consultadas desde el 27 de julio de 2011, o deben ser consultadas en adelante, en cumplimiento del Convenio OIT N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Constitución Política del Perú, y la Ley N° 29785 “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT”. Así también se plantean propuestas sobre las acciones normativas y organizativas que deberá adoptar el Congreso de la Republica a efectos de garantizar la implementación del procedimiento de consulta previa durante el procedimiento parlamentario. El estudio, publicado en el año 2013, contó con el auspicio de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ, en cooperación técnica con la Defensoría del Pueblo y la colaboración del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).