Liberalización comercial e industria manufacturera en el Perú

El Perú inició en 1990 un proceso de liberalización del comercio exterior en el marco de un severo programa de estabilización y de un conjunto de reformas estructurales. Este proceso desmanteló completamente el esquema de protección, originado en los modelos de industrialización por sustitución de importaciones durante la década de 1970-1979. Otros países, como Chile, en el mismo decenio, y Colombia, México y Costa Rica, en la década siguiente, ya habían comenzado procesos de liberalización con distintos grados de éxito. Una de las principales fuentes de resistencia a la implementación de este tipo de programas de liberalización es la percepción de que el cambio estructural puede generar una pérdida masiva de empleos. En el caso del Perú, la presencia de una grave crisis en todos los sectores de la economía -como consecuencia del caos heredado de la administración aprista-, las notorias pérdidas de empleo generadas, así como el crecimiento de la actividad independiente y del sector informal, permitieron que la liberalización del comercio exterior y otras reformas se dieran con relativamente poca resistencia política. Durante aproximadamente tres décadas, el sector manufacturero peruano se desarrolló al amparo de un conjunto de barreras arancelarias y pararancelarias que le permitió gozar de altos y, en algunos casos, infinitos niveles de protección. Esto se reflejaba en los elevados coeficientes de abastecimiento interno 1 en casi todas las ramas manufactureras, en muchas de las cuales llegaban a uno. Los patrones de comercio y de producción industrial estaban tan alejados de los que dictaban las ventajas comparativas del país, que el Perú llegó a producir automóviles y computadoras para el mercado interno. En este contexto, se habría esperado que la remoción del sistema de protección y el establecimiento de un sistema de determinación de precios, que permitiese que la estructura de precios relativos domésticos convergiera hacia los precios internacionales, hubieran desmantelado casi totalmente al sector industrial. Algunos investigadores han planteado que el Perú entró, desde ese momento, en un proceso acelerado de retroceso en su industrialización. Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, el impacto sobre el empleo es precisamente una de las preocupaciones principales en los debates de política comercial. Por ejemplo, a consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, en los Estados Unidos de América (EE.UU.) se esgrimió, como argumento en contra de la firma del Tratado, que el incremento en el flujo de comercio entre ambos países tendría un efecto negativo sobre los ingresos y el empleo de los trabajadores menos calificados. Existe gran desacuerdo no sobre la dirección de los efectos pero sí sobre su importancia relativa en otros tipos de desarrollo. Por ejemplo, Sachs y Shatz (1994) muestran evidencia empírica de que el incremento del comercio con los países pobres tiene un efecto neto negativo sobre el empleo manufacturero en EE.UU., en particular sobre aquél que requiere menor calificación. Sin embargo, su magnitud no es suficiente como para explicar la totalidad de las fluctuaciones observadas en esa variable.