Observatorio de la Dependencia (febrero 2016)

Cuando se gestó el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) fue rápidamente etiquetado como el cuarto pilar del estado del bienestar: educación, sanidad, pensiones y, finalmente, dependencia. Sin lugar a dudas, el desarrollo y consolidación de los tres primeros pilares en la etapa democrática, aunque con ciertos altibajos, se puede calificar como de éxito. Punto y aparte merece el SAAD que se gestó en una época de bonanza económica, nació en 2007 y empezó a crecer a la par de la crisis y está en riesgo de languidecer como consecuencia de la profunda recesión de la economía espanola y de los severos recortes introducidos en 2012 (RD Ley 20/2012, de 13 julio) y 2013 (RD 1050/2013). En realidad el SAAD no nació de la nada, ya que antes del mismo ya había una red de servicios de asistencia social (centros de día, residencias, teleasistencia, asistencia a domicilio) y por supuesto de atención informal (por parte de familiares) a la dependencia. En los anos previos a la ley, el gasto en atención a la dependencia tenía niveles ciertamente modestos. La Ley de Dependencia se planteó como una vía para, por un lado, racionalizar y promover los servicios de atención al dependiente, ofreciendo una prestación monetaria o en especie para facilitar el acceso a servicios (cuidados formales) para aquellos que son clasificados como dependientes, y por el otro, ofrecer un marco financiero estable fundamentado en tres pilares: aportación del Gobierno Central, aportación de las CCAA y, finalmente, copagos de los usuarios.