Discrecionalidad administrativa

Hans Hüber acuñó la expresión y la misma ha sido replicada por tratadistas como Eduardo García de Enterría y Tomas Ramón Fernández Rodríguez: la discrecionalidad administrativa es “el caballo de Troya del Estado de Derecho”. Tan apocalíptica metáfora parte de una premisa, no por generalizada (al punto de casi constituir un lugar común en la más cotidiana práctica jurídica), menos imprecisa, que no es otra que concebir la discrecionalidad como un sinónimo de libertad. Libertad para decidir sin necesidad de aducir un criterio que soporte aquello que se resuelve. Esta obra, con apoyo en la doctrina y la jurisprudencia comparadas, pero con énfasis en el tratamiento que el asunto han dado los tribunales, ofrece una visión completamente diversa, un auténtico cambio de paradigma, en cuanto a la manera de concebir la discrecionalidad administrativa. De acuerdo con esa propuesta de refundación paradigmática, la discrecionalidad no solo se torna en una útil herramienta para que la Administración disponga de la flexibilidad necesaria y suficiente a fin de adoptar decisiones, con base en criterios objetivos y razonables que respondan a las cambiantes y disímiles problemáticas planteadas por las complejas sociedades contemporáneas, sino en un poderoso instrumento de control, para el juez, respecto del contenido de determinaciones administrativas a las cuales, otrora, jamas habría extendido su actividad fiscalizadora.